Un 10 perfecto motivó la sospecha de un examen filtrado en las oposiciones anuladas en el Ayuntamiento de León

El alcalde de León, José Antonio Diez y el concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria, en imagen de archivo. // Campillo / ICAL

Antonio Vega

Un '10' redondo. Esa es una de las notas obtenidas por uno de los candidatos o candidatas a la bolsa de trabajo para contratar ordenanzas que el Ayuntamiento de León ha suspendido por una posible filtración del examen. La máxima nota perfecta levantó todas las sospechas ya que además de acertar las 50 preguntas del examen acertó dos de las tres preguntas de reserva que finalmente se usaron en la evaluación ante la anulación de dos de las planteadas inicialmente.

Este 10, al que sigue una nota máxima de un solitario 9, motivó que el tribunal adoptara por unanimidad la decisión de suspender la prueba para la bolsa de trabajo y pidiera que se ponga un nuevo examen e incluso haya un nuevo tribunal. El presidente del tribunal, el funcionario Carlos Hurtado, “tiene el pleno convencimiento de que se ha podido filtrar el examen a partir de que el mismo fue impreso” aunque pidió que se investigara también si su ordenador o de la secretaria del tribunal, otra funcionaria del ayuntamiento, fueron vulnerados para acceder al examen tipo test de 50 preguntas.

Desde el Ayuntamiento de León piden disculpas a los afectados por la situación pero señalan que se adoptó lo propuesto por el tribunal para cumplir “con el principio de igualdad y el criterio de justicia”, por lo que se volverá a convocar la prueba a la que finalmente se presentaron más de 250 personas. Esta bolsa de trabajo comenzó su andadura en mayo de 2020, en plena pandemia, pero debido al volumen de personas apuntadas, más de 700, la convocatoria de los exámenes se fue aplazando hasta la mejora de la situación sanitaria, siendo el examen el pasado 18 de junio finalmente.

La situació del 10 perfecto en una bolsa de trabajo recuerda a la denuncia en 2009 en la Diputación de León, por el entonces diputado por el PSOE Matías Llorente con Isabel Carrasco de presidenta, de que 15 de los aprobados, algunos con 10 y 9, eran familiares de cargos del PP. Aquel proceso fue judicializado dos veces pero en ambos casos desestimado y los aprobados entonces se incorporaron a puestos en la Diputación.

Denuncia a Canuria

Pero además del 10 perfecto el tribunal analizó, según ha podido conocer ILEÓN, una denuncia contra el concejal de personal, Vicente Canuria, acusándole de ser quien había filtrado el examen, hecho que él niega rotundamente. Una denuncia que fue metida por el registro del Ayuntamiento de León para que llegara el tribunal de la prueba.

Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, un escrito firmado por una opositora, se solicitaba la impugnación de la prueba y acusaba al concejal de pedir el examen el día anterior a la prueba, arguyendo que se produjo “con varios testigos delante” y que “una vez vistas las listas de aprobados salta a la vista a quien fue facilitado”. En conversación con ILEÓN el concejal Canuria niega rotundamente lo denunciado y anuncia que tomará medidas legales si no se produce una retractación de las acusaciones.

El concejal considera injusto que mediante este escrito se eche sobre él “una sombra sin ninguna prueba” y pide que “vengan los testigos, a ver a quién pedí yo el examen”, ante las acusaciones formuladas sin que se hayan aportado otros testimonios hasta el momento más que el escrito formalizado con nombre y apellidos.

Vicente Canuria recuerda que en los procesos selectivos del Ayuntamiento de León “ya no estamos los políticos”, como antaño sí, y que sobre la suspensión del proceso selectivo “hay que depurar los errores y ofrecerlo con totales garantías”. Sobre la investigación abierta para determinar qué ha pasado el responsable de personal señala que sigue abierta y que se “llevará hasta las últimas consecuencias” y se ofrecerá una explicación a los afectados.

PP y UPL coincidieron este martes en pedir el Ayuntamiento de León y al alcalde, José Antonio Diez, información y la depuración de responsabilidades al equipo de Gobierno después de que la existencia de posibles irregularidades en el proceso.

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