La Junta de Castilla y León lanza una campaña informativa sobre sumisión química

Foto: Pixabay

La Junta de Castilla y León ha lanzado en redes sociales una campaña de “sensibilización, información y prevención” en la que informan de que la sumisión química es un delito que conlleva graves consecuencias legales para los infractores, así como para la salud de “las personas afectadas”.

Combinan estos mensajes con otros que “llaman a la precaución” y explican cómo estar alerta y protegerse ante posibles actos de sumisión química, advirtiendo de los síntomas que produce esta práctica.

“Con esta iniciativa, la Junta no pretende crear alarma ni temor, por el contrario, la finalidad es que la población conozca las consecuencias jurídicas que conlleva la comisión de este delito, así como los síntomas que provoca esta agresión, que sepa cómo actuar y dónde acudir en caso de haber sido víctima de dicho delito”, aseguran en el comunicado.

El Gobierno autonómico asegura que con esta iniciativa pretende “incrementar la seguridad” y evitar los casos de sumisión química informando de las consecuencias judiciales que tiene para los autores, señalando distintas medidas de precaución y haciendo partícipe a la vez al resto de la ciudadanía mediante la invitación a todas las personas a colaborar avisando a las autoridades en el caso de que sean testigos de un comportamiento extraño o piensen que alguien puede estar en peligro.

“La sumisión química es la administración o ingesta de alcohol y otras drogas que personas ajenas utilizan con fines delictivos. Abusar de una persona que está bajo los efectos de la sumisión química es delito”, continúa la administración.

La campaña estará vigente durante todo el verano a través de las cuentas oficiales de redes sociales de la Junta de Castilla y León.

Las siete denuncias registradas en Castilla y León dan negativo en drogas

La Guardia Civil y la Policía Nacional han registrado siete denuncias por sumisión química en Castilla y León en los últimos meses aunque ninguna de ellas arrojó el resultado de positivo. En concreto, cinco tuvieron lugar en los cuarteles de la Benemérita y dos en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad pese a que uno de los hechos tuvo lugar en otros lugares de España.

Unos datos que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, relacionó hoy con el “miedo social” que existe en la población y, sobre todo, entre las mujeres, con los posibles pinchazos o se le echa una sustancia a una víctima sin su consentimiento que altera su nivel de conciencia y anula su voluntad. No en vano, recordó que durante el pasado fin de semana ha habido una “docena y media” de actuaciones de mujeres que creían que podrían haber sido víctimas de la sumisión química aunque los análisis fueron negativos en cuanto a sustancias sedantes como ketamina y burundanga.

Con motivo de una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid con los responsables de la Policía Nacional y Guardia Civil para revisar los protocolos de actuación en casos de sumisión química, Barcones apuntó que en Castilla y León, de momento, no hay ningún caso que haya dado resultado positivo pero aseguró que habido “muchas” actuaciones por que se ha generalizado ese sentimiento de inseguridad y miedo entre las mujeres. “No solo tienen que estar seguras sino también sentirse protegidas por que preferimos acudir a 5.000 llamadas sobre este tipo de hechos aunque, al final, los resultados sean negativos a que exista una sola que sea verdad y que por miedo a llamar pueda quedar sin esclarecer y el autor esté impune”, sentenció. De ahí que animara, según recogió la Agencia Ical, a que cualquier persona que tenga la “más mínima” sospecha debe avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ante esta situación, la delegada del Gobierno anunció que se reforzarán los controles ya existentes y habrá un aumento de las patrullas y los agentes de paisano de la Guardia Civil y Policía Nacional.

En este sentido, la Delegación del Gobierno reforzará la colaboración con la seguridad privada a través de la llamada Red Azul para la rápida detención de los agresores y los propios empresarios de hostelería y de ocio nocturno, con “orientaciones de actuación” en caso de agresiones sexuales con el objetivo de prevenirlas y saber qué hacer y cómo actuar ante ellas.

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