Los cazadores han matado 186 lobos en ocho años en León, casi uno de cada dos ejemplares que la Junta permitió
La decisión del Gobierno, a instancias ecologistas y europeas, de prohibir por primera vez en la historia de España la caza de una especie tan icónica como el lobo ibérico es una auténtica tormenta perfecta de posturas confrontadas, y más en territorios muy rurales como la provincia de León.
La decisión, aplaudida por los conservacionistas, a los que la Justicia ha dado la razón en numerosas ocasiones, provoca profunda indignación entre organizaciones del campo, que argumentan graves daños causados por la especie en el ganado. A ello se suman los propios cazadores, que hasta ahora pagaban por poder darse el gusto de disparar y matar algún ejemplar del icónico animal; y al final la bronca se aprovecha en el ámbito político, haciendo que se unan contra la protección del lobo y el fin de su caza representantes de muy diversas siglas y en dispares territorios.
Pero más allá de posturas enfrentadas y encendidas, ¿son tan fieros estos cánidos, y los problemas que acarrean, como los pintan? ¿O estamos ante algún cuento, como el de Caperucita o el de Pedro y el lobo? La respuesta en León es más sencilla de lo que parece y está emboscada en las cifras oficiales.
Para empezar, esas cifras que recaba la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León no van más allá de 2013, es decir, hace sólo ocho años que se registran. Lo que ocurriera antes parece ser un misterio.
Se autorizaron 356 “extracciones” para un censo de 433 ejemplares estimados
En ese tiempo, sólo en la provincia de León la Junta ha autorizado la caza, que denomina formalmente “capturas” o “extracciones”, de 356 ejemplares de lobo ibérico. Y de estas autorizaciones en los diferentes planes “de aprovechamiento cinegético”, los lobos muertos por disparos de cazadores autorizados han sido 186.
Ambas cifras son muy elevadas. Baste compararlas con los 433 ejemplares que la Junta calcula, por estimación, que pueden existir en León. Mejor dicho, merodear por León, porque los lobos no se ciñen a unas fronteras provinciales o autonómicas.
Es decir, han muerto en batidas de caza oficiales autorizadas el 52,25% de los cánidos autorizados por la administración autonómica desde 2013; y se supone que podría haberse abatido de manera legal al 43% de la población de lobo ibérico existente en León.
¿Menos lobos o más lobos, en realidad?
Aquí surge una primera complicación. La cifra de 433 lobos calculados en el año 2018, repartidos en 55 manadas diferentes que campaban por tierras leonesas, con mucho la más numerosa de la Castilla y León, es una cifra estimativa. Porque el último censo real de la especie la realizaron con avistamientos y fototrampeos el Ministerio y las autonomías en 2013. Como siempre ocurre, los ecologistas creen que es una cuantía irreal por “inflada”, que son menos lobos. Y los ganaderos defienden que son muchísimos más.
Lo cierto es que la gestión cinegética se ha venido haciendo poco menos que a ciegas en las seis provincias situadas al norte del Duero (León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid y Soria), donde hasta la protección ministerial aprobada el pasado mes de septiembre se continuaba cazando, ya que al sur del Duero (Ávila, Segovia y Salamanca) está prohibido hace años por protección de la especie.
Censos oficiales obsoletos y muchas “deficiencias”
En los censos de lobo está una de las madres del cordero. Tanto es así que la Junta ha sufrido una 'batida' de sentencias en contra por su gestión lobera, la peor de las cuales, en 2018, anuló desde el Tribunal Supremo su plan de gestión obligando ese año a enfundar las escopetas. El principal argumento judicial, tras una ofensiva de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), fue precisamente lo irreal de sus cuentas y estadísticas de la especie.
En no pocas ocasiones, la Junta ha dado por buenos los datos más recientes de un trabajo particular firmado por biólogo Mario Sáenz de Buruaga Tomillo y publicado en forma de libro en 2018 con datos que no son los oficiales.
Este batiburrillo fue destacado hace un año por el Procurador del Común (Defensor del Pueblo de Castilla y León), Tomás Quintana, que exigió a la Consejería elaborar un nuevo y fiable censo del lobo al censurar “deficiencias” en el conteo actual y decidir en base a ello si en León y el resto de provincias al norte del Duero se debe seguir cazando por haber superpoblación o si, por el contrario, deben detenerse las batidas.
La respuesta del consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones siempre ha sido que, aunque ese censo de 2013 no se actualice, “hacemos un seguimiento anual” de su evolución. En concreto, la Junta aplica todos estos años un modo de cálculo de ejemplares que cifra los cánidos existentes en verano, en agosto-septiembre, y que incorpora tanto a los lobos que viven en el núcleo de las manadas como a lobos solitarios.
Así, partiendo de las 128 manadas confirmadas en la actualización de manadas en 2019, multiplicadas por el factor de nueve lobos, y de 4,5 lobos en el caso de las zonas compartidas, se obtiene “una estima poblacional” de 1.051 ejemplares en las seis provincias sobre el río Duero: De ellos, 433 en León (muy cerca de la mitad); 248 en Zamora como la segunda provincia; 194 en Palencia; 113 en Burgos; 63 en Valladolid y ninguno en Soria.
Y mueren muchos más, de atropellos a envenenamientos
Con esa cifra, y habiéndose dejado abatir a disparos de cazadores a 186 ejemplares, en León habrían muerto sólo por esta vía casi el 43% de los animales existentes. Y no son los únicos: todos los años mueren también lobos a manos de furtivos, atropellados en las carreteras y hasta envenenados. Por poner un ejemplo también oficial, sólo en 2017 la Junta contabilizó 24 cánidos cazados bajo su autorización y otros nueve a mayores por esas otras causas.
Pero siendo con mucho León la provincia con más lobo ibérico sobre el papel, ¿son realmente elevados los ataques al ganado, desde vacas a ovejas? La Consejería de Fomento y Medio Ambiente afirma en su estadística oficial que desde 2013 se suman en León 1.531 ataques, aunque la primera diferencia es que sólo menos de 1.000 se han indemnizado a los ganaderos.
Más extraño aún: De los 2.352 animales presuntamente muertos entre las fauces de los lobos, sumando los 1.216 de ganado mayor y 1.136 de ganado menor, apenas se han indemnizado en estos ocho años un total de 1.421 casos concretos, 812 de vacuno y equino y 609 ejemplares menores.
Dos de cada tres indemnizaciones sin pagar
Pero aún se dan casos más alucinantes en años concretos. Por ejemplo, en 2018, el último año con los expedientes ya completamente cerrados, la Junta recibió peticiones de dinero a cambio de 358 presuntas víctimas animales en 238 ataques de lobos a las cabañas. Pero la administración sólo pagó por 126 cabezas. Dicho de otro modo, prácticamente la Junta no indemnizó dos de cada tres supuestas muertes, y de ellas apenas 30 de ganado menor.
Esas 126 muertes que atribuyó sin duda a los lobos supuso un desembolso de dinero público de 44.880,70 euros, lo que arroja una media por animal de 356 euros.
La pregunta que surge es inevitable y vuelve a enfrentar a ambas partes: ¿Hay demasiadas trabas administrativas y dificultades de demostración y control de los daños reales de los lobos? ¿O directamente hay un amplísimo intento de fraude por parte de los ganaderos?
Retrasos en pagos de hasta dos años
En lo poco que parecen coincidir conservacionistas y una mayoría de ganaderos es que parte del problema, tanto o más que el lobo, es la propia Junta. Para muestra, el botón de que en octubre de 2021 aún existen indemnizaciones de ganado muerto por el lobo pendientes de pago desde el año 2019, y eso que cae y cae todos los años el número de expedientes, en aquel entonces 113 animales muertos en 88 ataques que de momento han costado 39.196 euros.
Y la del año 2020 es una situación aún más descorazonadora: a pesar de una pandemia que impidió acudir a controlar el ganado durante semanas y meses por las restricciones, en apariencia dejando a los animales más expuestos, hubo 15 ataques de lobo y 16 cabezas de ganado muertas con indemnización solicitadas. Una auténtica minucia. Y pese a ser poquísimas, casi un año después sólo se han pagado 8.838 euros por ellas.
