72 horas

Quedan, incluido este lunes, 72 horas para la llegada de los mineros a Madrid y tal vez, ¡ojalá! me equivoque de pleno, asistamos a uno de los últimos capítulos de la reivindicación de las cuencas del carbón. El Gobierno se siente respaldado y el último chequeo de Demoscopia dibuja un panorama curioso; el desgaste del ejecutivo de Rajoy apenas es perceptible mientras el PSOE pierde comba y no halla redes de conexión válidas con una ciudadanía que carga a sus espaldas, como penitencia, el escenario de recortes que configura la política nacional, la última la aprobación definitiva de la reforma laboral, y las que están en cocina a punto de empaquetarse.

Es curioso; la mayoría de los votantes del PP escrutan con lupa, con mucho recelo, no se fían, la política de su presidente, pero no están dispuestos a cambiar la marca PP por otra. Mientras, buena parte de los cuatro millones de votantes socialistas que cambiaron de signo político o se abstuvieron en noviembre no están dispuestos a devolver el voto a una formación que, salvo contadísimas habas, sigue estando en mano de buena parte del equipo de Rodríguez Zapatero.

La renovación de fuegos artificiales que el socialismo español inició en Sevilla está muy lejos de acercarse a las demandas de una ciudadanía que, pese a todos las dentelladas que se le han dado a la sociedad el bienestar, prefiere resignarse, que calla, que asume lo que le echan a la chepa como el peaje lógico de las tropelías de los últimos años que entienden son de su responsabilidad.

Varias decenas de autobuses partirán el miércoles hacia Madrid. Los mensajeros del reino ya han avanzado que no se permitirá acampada. Tal vez asistamos a varios episodios de una presión en varios frentes inimaginable, no comparables a lo que ha sucedido hasta ahora, de mucha mayor intensidad. ¿Hasta dónde?. Las redes sociales se muestran divididas. Es un cambio de estrategia muy delicado y podría convertirse en el epitafio del sector.

¿Saben lo que piensan la mayoría de los mineros? Que no es un problema de doscientos millones de euros. Ellos son, y lo saben, los daños colaterales de la guerra que el Gobierno ha emprendido contra el empresario Victorino Alonso; no están dispuestos a darle ni un euro más. Y si sumamos la frustración y los ERES que están listos para tramitar el desenlace puede ser demoledor.

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